Tras la asunción de Juan Manuel Santos como nuevo presidente de Colombia, un atentado en Bogotá puso en crisis las expectativas de diálogo por la paz. Una historia que se repite.
Jueves 12 de agosto. 05.27 hora Bogotá. La ciudad aún duerme. Un Chevrolet Swift gris modelo 94 cargado con 50 kilogramos de explosivos estaciona sobre la Carrera Séptima, entre las calles 66 y 67. Pleno centro bogotano. Instantes después, la explosión. Un teléfono celular es usado como detonador a control remoto. Hay heridos. La sede de la emisora Caracol Radio es dañada, así como varios edificios cercanos al estallido.
El flamante presidente Juan Manuel Santos, quién viene de recomponer relaciones diplomáticas con Venezuela, acude raudo al sitio. Repudia el hecho y ratifica la llamada política de “seguridad democrática”, el principal logro de su antecesor Álvaro Uribe.
Voces dentro del gobierno se apresuran en responsabilizar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, desde diversos sectores advierten que el atentado podría intentar bloquear las posibilidades de un diálogo entre el nuevo gobierno y la guerrilla.
TODOS JUEGAN FUERTE
En agosto de 2002 Álvaro Uribe Vélez asumía la presidencia de Colombia entre explosiones de mortero y cohetes rockets. Una veintena de muertos, decenas de heridos y un marcado clima de miedo prefiguraban el desarrollo de una nueva etapa.
El ataque fue ejecutado por las FARC, y allí, en las calles de Bogotá quedó sepultada toda expectativa de diálogo entre el nuevo gobierno y la guerrilla.
Comenzaba una etapa de durísimos enfrentamientos entre el ejército y los insurgentes.
En 2006 Uribe volvió a ganar las elecciones y su segundo mandato se inició el día de su asunción con un mega operativo de seguridad que no pudo evitar la explosión de varios coches-bomba. Otra vez la violencia encontraba a Álvaro Uribe al mando de la nave del Estado.
El suceso fue capitalizado políticamente por el gobierno, quién acusó prematuramente a las FARC y revalidó así su política de ataque a la guerrilla. La “seguridad democrática”.
Pero esta vez, el ataque no fue reconocido por las FARC. Fue el propio ejército quién debió hacerlo tiempo después. Al menos dos de sus efectivos estaban implicados en los “auto-atentados” de esa jornada.
Pero estos dos sucesos son sólo ejemplos de una mecánica que se repite. A mediados de los ochenta, el diálogo entre la guerrilla del M-19 y el gobierno saltó por los aires cuando el ejército acusó a los insurgentes por el derribamiento de un helicóptero.
Unos años más tarde sucedió lo mismo en el muy mentado San Vicente del Caguán, con el famoso caso del “collar bomba”. El diálogo de paz fue saboteado mediante actos criminales, de dudosa autoría. Tal como lo reconoció el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, las FARC no habían colocado el explosivo en el cuello de la campesina Ana Elvia Cortés, muerta por la detonación.
ES LA GUERRA, ESTÚPIDO
Hay que resaltar que existen sobrados elementos para desconfiar de quienes acusan a las FARC por el atentado del jueves pasado a Caracol Radio. Pero existen también antecedentes que indican lo contrario.
Lo cierto es que luego de las palabras de asunción del presidente Santos, las expectativas –aunque moderadas- de un posible diálogo de paz en Colombia habían renacido.
Incluso UNASUR se había posicionado como una posibilidad, a la hora de fomentar un proceso de este tipo.
Tras la explosión, quiénes querían escuchar de boca del propio Juan Manuel Santos una ratificación de la política uribista de “seguridad democrática” tuvieron su primer éxito.
Quienes querían la continuidad del discurso belicista, escalaron posiciones en la consideración pública. Se produjo una suerte de uribización del clima político.
Nada bueno puede resultar de allí.
En principio, en la balanza de los sucesos trascendentes encontramos dos hechos: Por un lado, un gesto diferente en la política exterior demostrado en el relanzamiento del vínculo bilateral con Venezuela.
Por otra parte, una fuerte tensión hacia lo interno a la hora de definir una política de seguridad que abra el paso al diálogo de paz, o que lo obstruya.
Dos indicios importantes para atender a la hora de analizar la situación colombiana, y una pregunta:
¿A quién le conviene la continuidad de la guerra?
Acá les dejo al concejal de Bogotá Jaime Caicedo, del Polo Democrático Alternativo.
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