El próximo miércoles el Senado definirá si aprueba una modificación en el Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Argentina enfrenta esta semana un debate parlamentario que podría adelantar algunos rasgos del escenario político que se viene. La Cámara Alta ha demostrado ser muy influenciable por la Cúpula de la Iglesia Católica, que logró poner en duda la sanción de una legislación de avanzadaza que amplía el espectro de los derechos sociales.
Se trata de una modificación del Código Civil que reemplaza las palabras “marido y mujer” por “contrayentes” permitiendo de este modo el matrimonio entre dos personas, sea cual fuere su sexo, y extendiendo así los derechos patrimoniales, parentales y sucesorios en la pareja.
La iniciativa cuenta ya con media sanción de la Cámara de Diputados, pero su aprobación definitiva corre serio riego a raíz de la increíble arremetida de la Iglesia Católica, que ha decidido jugar todas sus cartas en una especie de cruzada por el rechazo de esta norma.
El máximo exponente de esa institución en Argentina, el arzobispo Jorge Bergoglio aseguró que el país se encontraba ante “una movida del Padre de la Mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios". Semejante definición fue acompañada por sus colegas de credo que alertaron sobre una presunta “guerra cultural contra el sustrato cristiano del pueblo" como aseguró otro alto funcionario eclesiástico, monseñor Héctor Aguer.
En este contexto, los sectores más conservadores de la sociedad convocaron a una movilización para el próximo martes frente al Congreso de la Nación donde buscarán demostrar el presunto rechazo de la ciudadanía a esta modificación del Código Civil. Esta iniciativa ha despertado la preocupación de las autoridades argentinas, por sus características claramente discriminatorias: una porción de la sociedad movilizada para impedir el reconocimiento de derechos para otros ciudadanos.
De la misma manera, varios senadores nacionales han advertido sobre presiones ejercidas por la curia católica a lo largo de todo el país, llegando incluso a presagiar el infierno para los representantes del pueblo que acompañaran la sanción definitiva del matrimonio igualitario.
Sin embargo, una cantidad importante de Senadores enarbolan con orgullo las banderas eclesiales, poniendo en cuestión la esencia laica del parlamentarismo. Tal es el caso de aquellos que pretenden reservar, por tratarse de un “sacramento” la institución matrimonio para la unión de un hombre y una mujer.
Es por ello que el recuento previo de las voluntades para la votación del miércoles adelanta una paridad que no garantiza el acompañamiento del cuerpo legislativo a esta iniciativa. El argumento mediante el cual los Senadores han traducido la presión eclesiástica (o su adhesión a esos principios) se fundamenta en el presunto peligro que correrían los niños que podrían ser adoptados por las parejas homosexuales. Según adelantaron varios legisladores, sería necesaria una figura masculina y otra femenina para el buen desarrollo psicológico del niño. Por ese motivo una parte importante de los Senadores impulsan un proyecto denominado de “Unión Civil” que inhibe la posibilidad de adopción, pero incorpora derechos del tipo sucesorios y patrimoniales a las parejas homosexuales. Esta iniciativa se trata, para algunos, de una suerte de ampliación de derechos. Sin embargo para otros, expresa la consagración de una desigualdad ante la ley.
Hay que señalar, de todos modos, que existe en Argentina la llamada “adopción monoparental” que permite a una persona soltera o divorciada adoptar a un niño. Nada le impide luego convivir con su pareja, sea cual fuere su elección sexual. Esta evidencia pone de manifiesto lo endeble del argumento en contra de la adopción que esgrimen los senadores. A nadie se le ocurrió siquiera intentar prohibir esta situación, pretendidamente perjudicial para la infancia.
En definitiva, el próximo miércoles el tan deseado parlamento argentino deberá dejar constancia de sus credenciales progresistas. Podrá sancionar una ley que amplíe derechos, o una que los restrinja. El primer caso augura una alianza parlamentaria posible de carácter inter-partidario e inclusivo, toda una novedad en el Congreso. El segundo, presagia la concreción de un escenario temido: una derecha restauradora con capacidad parlamentaria que se impone y gana terreno de cara a las elecciones presidenciales 2011.
En el camino, la Iglesia católica gana terreno e influencia política como amalgama de los sectores retardatarios, que se aprestan para imponer restricciones y comenzar a desandar el camino de la institucionalización de los derechos humanos.
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